Me extraña la idea de Justicia que tiene la gente. Me es curioso cómo podemos encontrar entre las tribus urbanas de Twitter, ya sean versados, curritos o anónimos, cómo algunas personas se arrogan con capacidad para saber cuándo una sentencia es dura o es leve. Me gustaría poder quitarme este discurso de la cabeza, así que probaré a ponérmelo por escrito.
En una sociedad democrática deberíamos de reconocer el valor que tiene la Justicia. Para ello nos valemos de unos científicos de lo social, al que les damos plenos poderes dentro de una orgánica para que interpreten nuestras leyes, escritas a partir de nuestras costumbres o manera de ver el mundo. Es comprensible que, en ocasiones, prefieran buscar de la propia historia del Derecho de nuestro país para dilucidar hacia dónde debe ir un desequilibrio, pero también debería haber alguna ley de derrogue o establezca principios de obsolescencia sobre épocas ya sea pasadas o de pensamientos torridos (como el fascismo).
Está claro que la ley no es como me gustaría en estos momentos, pero lo asumo con su contradicción a la democracia como si estuviera viviendo una transición hacia la democracia. Y la idea de Justicia que espero encontrar no es sólo que se dedique a interpretar acciones particulares, sino que además ayude a interpretar sociedades y su legado histórico, para que se pueda legislar en coherencia con la intepretación oficial que quiera darle un estado democrático de acuerdo con sus leyes. De ahí, una ley de memoria histórica, resuelta por un gabinete judicial que nos ofrezca una versión oficial de lo que significó el franquismo para España y, por consiguiente, qué leyes y qué normativas y qué títulos debían ser considerados o rechazados.
Pero, insisto, eso es lo que habría esperado.
Por el contrario, lo que veo es cómo cada vez los jueces son usados más y más por la prensa para conseguir ese mercado fácil, el del amarillismo. Un mercado que comprará más artículos que puedan encontrarle fallas a los jueces que nos caen mal. Cada vez que una sentencia impacte, aparecerá la idea de que nos debe gustar o no, de que estamos en un bando o en otro. Esa bipolaridad creo que es incompatible con la Justicia. Más que nada porque la interpretación de los hechos, por un lado, es susceptible de ser difícil de apreciar si no se ha estado en el propio tribunal, además de que la mayoría de los que opinan ni se han preocupado en leerse un fallo que tampoco va a ser completamente representativo de lo que hubiera querido expresar el magistrado para lo que al final se acabó por pretender entender.
En este juego mediático el científico tiene todas las de perder: usar una jerga no tiene porqué ser beneficioso, evitarla tampoco. La cosa es que hay unos sesgos cognitivos que podrán ser aprovechados por los medios de comunicación contra los magistrados, y así todos los jueces, independientemente de lo profesionales que sean siempre serán susceptibles de ser tratados como unos peleles.
Ese comportamiento es una de las patas fundamentales que necesita una democracia para enviciarse y convertirse en dictadura. Y yo insisto en que no entiendo porqué se insiste en permitir ese cuñadismo ilustrado, cómo no tienen los jueces algún mecanismo que le protejan de los medios. Y hablo de multas administrativas por permitir titulares absurdos como la acusación de que un juez ha plagiado otra sentencia (los jueces tienen que copiarse otras sentencias), que ha tachado párrafos (el juez tiene que evaluar qué encaja y qué no encaja en su fallo), y otra serie de comportamientos alegales que trabajan la difamación de un poder que debería de independizarse de la presión de los medios.
Por otro lado, debería de haber mecanismos trasparentes y válidos (autoritarios) para poder acusar a un juez de prevaricación. Pero esta entrada no se centra en este tema.
El asunto es que a los jueces se les da demasiado poder individual de carácter dogmático. Como el poder de decidir cuánto tiempo va a tener que superar una persona sin su libertad para luego reinsertarse. No lo entiendo. De la misma manera, si le arrebatan a un padre su patria potestad, como si le quitan a una persona su permiso de conducir, a nadie se le ocurre quitárselo por un tiempo..., bueno..., eso es lo que me dice el sentido común. Se supone que una institución independiente sería la encargada de determinar si se le levanta o no la pena.
No entiendo, por tanto, que haya cadenas perpetuas improrrogables, ni tampoco que un científico pueda decirte que la ley le concede capacidad para adivinar cuánto tiempo necesita una persona para reinsertarse o dejar de ser sociópata. Todas esas cosas me sorprenden, por no decir que me parecen altamente dogmáticas y propias de épocas pasadas.
Una sociedad moderna debe permitir que un juez le arrebate el permiso de conducir a quien conduce malamente, la patria potestad a quien usa a sus hijos con fines perversos, el poder trabajar para el estado a quien abusa de lo público, la libertad a quien es peligroso, etc..., pero que esos actos deben hacerse permanentes pues si fue necesario un juez de lo penal entonces no podemos esperar una política por su parte a la hora de adoptar ese tipo de decisiones.
La política exige otro tipo de magistrados. Esos magistrados que son elegidos porque confiamos en ellos y que, según estas fórmulas de hoy día, los elegimos malamente con las urnas. Cosa que ni me gusta por las formas, ni por el poder que les otorgamos.
Un mundo más normal es el que ocupa tres juicios independientes cuando se produce un delito: el juicio que establezca qué faltas demuestran los hechos, el juicio que reconoce los daños a las víctimas y el juicio que reconoce la reinserción tras superar el examen pertinente el preso en cuestión.
Cuando hablamos de una persona que decide que a un trabajador le corresponde una excedencia de un tiempo sin cobrar por una falta cometida, debemos comprender que ese tipo de decisiones forman parte de una política que nos puede gustar más o menos.
Pero si la resolución de un acto proviene de la propia libertad del individuo y su consecuencia debe ser considerada para su reinserción, entonces de lo que hablamos es de un comportamiento que contiene dolo y es sociopático. Creer que con una regla podemos medir cuándo el dolo desaparecerá, o cuándo, en su libertad de acción, el sociópata dejará de ser sociópata equivale a no entender qué es eso de la Libertad o la ética. Ciertamente, las ciencias sociales deberían de tener bien delimitadas sus funciones en virtud del Derecho Natural que nos corresponde como Seres Libres.
En un juicio de faltas, la torpeza es asumible y puede acabar dentro de un contrato. El delito no. El subjuntivo puede usarse grácilmente para que pueda caber en los contratos, pero las lecturas del mismo sonarían estrambóticas a la hora de fijar según qué penas como si se tratara de una cuestión de pagar.
Ciertamente, no debería de confundirse según qué términos pues, si las penas se pagaran, entonces existiría fórmula para la culpabilidad y, de ahí, los informáticos podríamos sustituir al juez y valernos de tales fórmulas para recrear un ente inerte con los mismos derechos que un Ser Humano.
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